El PP en la Diputación de Ourense ha rechazado hoy exigir responsabilidades en el conocido como caso de las depuradoras, con motivo de la resolución del Ministerio de Hacienda que demanda a la institución el reintegro de 10 millones de euros por supuestas irregularidades en la instalación de depuradoras en el rural.
El Partido Popular en la Diputación de Ourense ha rechazado esta mañana en un pleno extraordinario la iniciativa socialista por 15 votos en contra de los diputados populares y los 10 a favor del PSdeG y BNG, tras un tenso debate en la sesión. La Diputación convocó un pleno extraordinario para debatir sobre el citado caso, por el que Hacienda solicita a la institución provincial el reintegro de 10 millones de euros por supuestas irregularidades en la instalación de un centenar de depuradoras en municipios del rural.
En dicha moción, el grupo provincial del PSdeG solicitaba la apertura de un expediente para que se depuren responsabilidades en este tema y que la devolución solicitada por el Ministerio de Hacienda sea asumida patrimonialmente por los que "cometieron ese fraude".
En su exposición, el portavoz socialista, Ignacio Gómez, se amparó en el informe elaborado por la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) en el que se alude a un supuesto "fraude en la contratación pública y de corrupción" en el desarrollo de los programas realizados entre 2002 y 2004", así como a posibles "irregularidades administrativas que podrían conllevar posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude al presupuesto europeo", según el Código Penal Español. A este respecto, el portavoz popular, Plácido Álvarez Dobaño, ha subrayado que la postura del Partido Popular es "clara", relativa a "agotar todas las vías" y esperar a que se pronuncien los diferentes organismos.
"El propio presidente de la diputación informó de que presentará en tiempo y forma un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia al entender que no existieron dichas irregularidades", ha dicho. Álvarez Dobaño dijo que quedan pendientes los recursos planteados por los técnicos y que incluye un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, además del pronunciamiento del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense que investiga este caso.
El portavoz popular ha recordado que este mismo hecho "ya fue objeto de investigación en 2008 y fue archivado por el juzgado", por lo que tildó esta iniciativa socialista de "demagógica" y de "oportunista". Por su parte, el portavoz socialista en la Diputación, Ignacio Gómez, ha recalcado que de los informes de la OLAF se desprenden "delitos graves", por lo que ha pedido a las autoridades competentes que investiguen estos y otros proyectos ante la existencia de posibles irregularidades.
Según el portavoz del BNG, Leopoldo Rodríguez, el informe de la Oficina de Lucha contra el Fraude "constata todas y cada una de las irregularidades" que se comenten en el ente provincial. "Supone un nuevo tortazo a los excesos cometidos", ha afirmado el diputado nacionalista, que ha solicitado "el cese fulminante" del delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, como "máximo responsable junto al expresidente José Luis Baltar" de gestionar los proyectos Daredo y Deputrans.
En caso de tener que afrontar el pago, el PP ha señalado que hay "capacidad suficiente para afrontar esta situación" aunque dijo que defenderán "con uñas y dientes" los intereses de la Diputación, "que son "los intereses de todos los ciudadanos".
